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    6 de abril de 2016
Carlos Pellegrini: Unas 65 familias necesitan ayuda para tener el título de la tierra en la que viven
De los 290 lotes del pueblo, 180 fueron registrados por herederos de Sniechowski. Se abrió un litigio que concluyó a fines del 2014 con un acuerdo histórico con defensores públicos. Titulares registrales reconocieron derechos posesorios de 90 vecinos y se comprometieron a financiar las escrituras. Dieron 25 pero necesitan vender las otras tierras para completar el proceso.

Después de tantos años de no tener regularizado sus dominios,  lo que implicaba, convivir con el temor siempre latente de que un día alguien viniera a decirles que debían abandonar el hogar donde vivieron varias generaciones de sus familias, en diciembre de 2014 se rubricó un acuerdo histórico que puso fin a un litigio judicial por la propiedad de parte de las tierras de Carlos Pellegrini. Herederos de Roberto Sniechowski reconocieron los derechos posesorios de 90 pobladores representados por defensores públicos y se comprometieron a costear la entrega de títulos. Un proceso que ya benefició a 25 habitantes pero que quedó frenado porque los sucesores no logran que les paguen por los demás lotes que aseguran les pertenecen.
Consultados por este medio sobre el estado del caso, desde la Defensoría de Pobres y Ausentes Nº 2 de Corrientes, indicaron que “entre febrero y agosto del 2015, tal como estaba acordado se avanzó con el plan de regularización dominial para aquellos habitantes originarios de la localidad”. Pero de los 90 que estaban contemplados, hasta ahora 25 accedieron a sus títulos. “Estamos preocupados por la gente porque pasó bastante tiempo desde aquella última entrega”, reconoció la defensora Nora Maciel, quien trabaja en el caso junto con sus colegas Antonio Olivera y Edgardo Grinberg y el equipo de las defensorías compuesto especialmente por las secretarias actuantes. Precisamente, las citadas dependencias judiciales, por orden del fiscal general César Sotelo, hace ya varios años se hicieron cargo de la representación de los pobladores.
Y  con el acuerdo de varias decenas de ellos, es que el 17 de diciembre del 2014 en una audiencia de conciliación en el Juzgado de Civil, Comercial y Laboral de Mercedes firmaron un acuerdo con el representante legal de los Sniechowski, Luciano Torrent. “En dicho acuerdo los titulares registrales les reconocieron posesión a todos los asistidos por la Defensa Oficial. Mediante la donación se instrumentarían los títulos para cada poblado y estos serían libre de costo y tasas, salvo los pagos de impuesto inmobiliario que le corresponde a cada poseedor”, rememoraron.
“Algo que ya se cumplió para 25 personas pero aún restan otras 65”, indicó Maciel a El Litoral. Tras lo cual, comentó “sabemos que no es sencillo porque eso demanda dinero, especialmente en el caso de los que faltan porque se debe hacer un trabajo de mensura”.

Mensuras
Seguidamente, Maciel explicó que “la situación además se agrava porque muchos de los poseedores tienen mensura para prescripción y la que solicita la Dirección de Catastro es la mensura para donación. Mientras que los títulos que se entregaron hasta la fecha se hicieron en base a la única mensura con la que cuenta el pueblo que es la de un loteo general y antiguo. Pero los lotes de los pobladores no coinciden con ella porque se fraccionaron terrenos. Por eso, tiempo atrás, se realizaron mensuras para prescribir que hoy no sirven para una donación”.
Ante esta situación que afecta a un número considerable de familias, “consideramos que el Estado debería contribuir para que esto avance porque no se trata de una puja entre privados por una propiedad exclusivamente.  La disputa está instalada en la puerta de acceso a los Esteros del Iberá que se vende a nivel internacional para el turismo ecológico y no puede tener este grado de confusión en sus tierras. Urge por ello una política que permita una regularización en atención al acuerdo alcanzado”.
Sobre esto, especificó “se presentaron  notas a organismos del Estado pidiendo por ejemplo que proveyeran agrimensores para que los pobladores sin costo pudiera tener delimitado el terreno por el cual recibirán el título o bien que en Catastro le reconozcan las mensuras que algunos hicieron tiempo atrás. No obtuvimos hasta ahora una respuesta favorable”. 
“Pensamos que lograríamos que desde las Legislaturas se aprobara alguna norma a favor de los habitantes originarios pero la verdad es que eso hasta ahora no sucedió”, añadió la defensora de Pobres y Ausentes Nº 2 de Corrientes. Luego, insistió “nuestra tarea es defender los derechos de las familias y sería trascendental contar con apoyo del Estado”. “Por ello estamos evaluando otras vías de acción judicial para concretar los títulos,  aunque nos demande un poco más de tiempo y esfuerzo”, aseveró Maciel. Al mismo tiempo mencionó que “además de las personas incluidas en el acuerdo, hay otras familias que no tienen recursos pero que necesitan regularizar su posesión mediante el trámite de la prescripción, todas ellas deberían estar contempladas en una solución general. Las tasas para hacer mensura y litigar por prescripción (judiciales y administrativas), más honorarios de abogados, etc. son elevadas para los pobladores que la mayoría viven del turismo o de alguna tarea en la función pública”. (Ver recuadro)

 Costos
“De nuestra parte existe buena voluntad y por eso, los hermanos Sniechowski se endeudaron para poder costear la escrituración para las familias pero la verdad es que no cuentan con más recursos que le permitan solventar todos los demás títulos. Por eso, en una de las  cláusulas del acuerdo firmado se colocó que a medida que fuéramos vendiendo las otras tierras que son propiedad de los herederos podríamos solventar esos costos”, respondió Torrent ante la consulta de este diario. Seguidamente, agregó que “inclusive se ofreció a quienes están ocupando los terrenos que lo paguen en cuotas y a precios que son menores por ejemplo a los fijados para una propiedad en Corrientes. Varios inclusive dialogaron con nosotros pero lamentablemente desde el Municipio los asesoran mal y entonces siguen con litigios judiciales que no llevan a nada”.
“Ahora el STJ ordenó al Juzgado de Goya que se inicien las audiencias de conciliación. Ahí la gente podrá escucharnos  y ver que de nuestra parte no existe mala voluntad por el contrario”, concluyó Torrent. 

 

El Litoral



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